En un continente marcado por serios desafíos de seguridad, nuevas corrientes de investigación están demostrando que la respuesta a la violencia urbana no reside solo en políticas policiales, sino en la propia estructura de nuestras ciudades y su relación con el tejido social. Estudios recientes, como el análisis sobre la pacificación urbana del Eje Verde Consell de Cent (aunque referenciado en Barcelona, sus principios de diseño son universales y aplicables a la realidad latinoamericana), validan empíricamente que los elementos específicos del diseño urbano tienen un impacto directo y significativo en la percepción de seguridad de las personas. Esta línea de pensamiento se conecta con el trabajo de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha destacado cómo ciudades latinoamericanas se están convirtiendo en laboratorios de innovación para la seguridad ciudadana, experimentando con nuevos enfoques que van más allá del control tradicional para incluir la prevención a través del diseño del entorno.

Una conclusión clave de múltiples análisis, incluyendo los del World Resources Institute (WRI), es que la configuración física de la ciudad —desde el tamaño de las cuadras y la conectividad de las calles hasta el acceso al espacio público— no es neutral; moldea directamente el comportamiento y la sensación de riesgo. Investigaciones pioneras, como las basadas en las teorías de Jane Jacobs y Jan Gehl, confirman que elementos que fomentan la «vigilancia natural» (ojos en la calle, fachadas activas, uso mixto) son cruciales. El CEDEUS en Chile, por ejemplo, ha desarrollado metodologías para mapear la percepción de inseguridad y medir ex-ante el impacto de intervenciones urbanas, demostrando que identificar zonas de alta concentración de miedo permite focalizar proyectos de rediseño que mejoren la seguridad de forma costo-eficiente.

Los hallazgos señalan consistentemente que la inseguridad no solo reduce el bienestar psicológico, sino que también limita el uso del espacio público y la participación comunitaria, creando un círculo vicioso de deterioro social. ONU-Habitat y otros organismos subrayan que, si bien la densidad poblacional por sí sola no causa violencia, la segregación espacial y la falta de servicios en asentamientos informales son caldos de cultivo para la inseguridad. Por lo tanto, el uso de la planificación urbana para reducir la desigualdad mediante intervenciones a nivel de calle se perfila como una de las estrategias de prevención más potentes. La premisa es clara: un entorno diseñado para la interacción positiva y la visibilidad reduce las oportunidades delictivas y aumenta el control social informal.

Estos estudios coinciden en que el enfoque tradicional de «mano dura» y control policial es insuficiente para abordar las raíces de la violencia en la región. Se requiere un cambio de paradigma hacia una «seguridad ciudadana» integral, que ponga al ciudadano y su bienestar en el centro. Esto implica que los arquitectos, urbanistas y tomadores de decisiones asuman su rol como agentes de salud pública y seguridad. El diseño urbano deja de ser una cuestión meramente estética para convertirse en una herramienta estratégica de política pública para reconstruir el tejido social dañado por el miedo.

En conclusión, la evidencia acumulada apunta a que transformar físicamente el entorno urbano es una vía indispensable para pacificar las ciudades latinoamericanas. No se trata solo de iluminar calles, sino de crear ecosistemas urbanos que, a través de su diseño, comuniquen confianza a nuestro cerebro, fomenten la cohesión social y desactiven los mecanismos biológicos y sociales del miedo. El neurourbanismo y el diseño sensible a la seguridad ofrecen un camino prometedor para pasar de ciudades que nos ponen en alerta defensiva a ciudades que promueven la conexión humana como la forma más sostenible de seguridad.